Partir de la igualdad ante la ley, los principios democráticos y el constitucional derecho a no sufrir discriminación alguna por razones de sexo, no es congruente con legislar discriminando. Discriminar es dar trato de inferioridad a una persona o colectivo. Que cada cual trague lo que quiera, pero no es válido inventarse lo de positiva para justificar.
Muchas mujeres no queremos cuotas que nos pone en rebajas, ni queremos para nada que piensen en nosotras como objetos de conveniencias políticas-electoralistas. Al igual que la gran mayoría de los ciudadanos de este país, lo que queremos es que el sistema funcione y que los que tienen la obligación de trabajar para que marche bien se apliquen en hacerlo. Que todo lo demás viene rodado a continuación.
La cuota femenina, contemplada en la Ley de Igualdad que se aprobó el pasado mes de marzo, establece que los consejos de administración de las empresas que tengan más de 250 trabajadores, han de estar compuestos en un 40% por mujeres antes de un periodo de ocho años. Con esta medida intervencionista, se pretende aumentar la representación femenina en el ámbito empresarial. Pues bien, para evitar cuestionar a las que entran por valía, a las que lo hagan por la cuota bien les podían empezar a llamar profesionalas. Que hay que discernir.
Sobre la cuota femenina en la política, visto lo visto, y repasada la galería, en general parece más un acto de machismo elevado al cubo que un favor a las mujeres como colectivo. Una cosa es segura: algunos y algunas ocuparán, en igualitaria designación a dedo, puestos en la cantidad de órganos que se van creando a raíz del asunto (Comisión Interministerial de Igualdad, unidades de igualdad en todos los departamentos ministeriales, institutos, órganos en las comunidades autónomas, en las universidades, etc..